Durante el año 2008, el proceso de descentralización en el Perú se ha mostrado bastante expectante, con una importante normatividad relacionada con esta reforma, así como con una relativa movilización de diversos actores reclamando por reformas que contribuyan al fortalecimiento de la descentralización. Podemos destacar un mayor protagonismo de los Presidentes de los Gobiernos Regionales como interlocutores de propuestas descentralistas frente al Gobierno Nacional, logrando una serie de resultados favorables. Los últimos cambios en el equipo ministerial del Gobierno Nacional ocurridos en el mes de octubre del 2008, frente a una crisis política gubernamental, ha permitido que algunos representantes descentralistas asuman responsabilidades nacionales con un explícito compromiso de acelerar la descentralización.

En el marco nacional de la reforma de Estado, luego de la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en diciembre del 2007, se sigue trabajando lentamente en su reglamentación, aunque se avanzó algo en la puesta en marcha del llamado Consejo de Coordinación Intergubernamental, instancia que se pretende sea la más importante en la articulación de los tres niveles de gobierno. Igualmente se han trabajando en las normas de organización y funciones de cada uno de los ministerios para que estén más acordes con los planes de transferencias de competencias y funciones a los ámbitos subnacionales.

Cabe resaltar la aprobación de unos 100 decretos legislativos como parte de la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados de Unidos, habiéndose observado la falta de voluntad política para poner en discusión ante las autoridades subnacionales y la ciudadanía en general el contenido de tales normas aprobadas sumariamente y ahora varias sujetas a revisión y hasta derogatoria.

En el año 2008 se ha implementado formalmente un plan más intenso de transferencia de funciones y competencias a los Gobiernos Subnacionales (mayormente Gobiernos Regionales), sin embargo no ha estado acompañado de mayores recursos financieros y logísticos para implementar las trasferencias otorgadas con garantía de una mayor calidad en el desempeño, deviniendo en muchos casos como una medida administrativa poco efectiva. Para el caso de los Gobiernos Municipales en este período no ha habido un plan explícito de transferencias, por el contrario, las que corresponden a los programas sociales aun no culminan y transita por un camino confuso en cuanto a las competencias de los sectores involucrados.

En términos de descentralización fiscal, se ha notado una mayor participación de los Gobiernos Subnacionales en el presupuesto público, así como una mayor capacidad de inversión, mejorando su desempeño en comparación con el Gobierno Nacional, faltando un seguimiento y evaluación más rigurosos, situación que puede cambiar con los reajustes en la metodología de ejecución presupuestal que ha empezado a implementarse en la gestión pública. Cabe reiterar que la mayoría de los recursos existentes siguen proviniendo en su mayor parte de las transferencias realizadas por el Gobierno Central y sujetos a su discrecionalidad. Y que la principal fuente de ingresos complementarios es la del canon por la extracción de recursos mineros y de hidrocarburos, favoreciendo inequitativamente a algunos Gobiernos Subnacionales. Esta fuente se ha incrementado significativamente debido al aumento de los precios internacionales de los minerales, generando una mayor recaudación fiscal pero de naturaleza temporal que ya está empezando a disminuir por efecto de la actual crisis financiera y recesiva internacional.

Una medida cuestionada por la mayoría de Presidentes de Gobiernos Regionales ha sido la ampliación de los recursos del llamado Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) a costa de la reducción de la transferencia financiera a los Gobiernos Subnacionales que estaba orientada a financiar inversiones públicas directas. Siendo importante dicho fondo nacional para estimular innovadoras y buenas iniciativas de proyectos, su cuestionamiento va dirigido a que reduce la autonomía y capacidad de decisión de las autoridades subnacionales y su manejo es centralista y discrecional.

Por otro lado, sigue pendiente la puesta en marcha de un plan nacional de desarrollo de capacidades para una gestión pública más eficiente, encontrándose en su etapa de formulación y consulta, aun cuando se posee importantes recursos financieros a ser aprovechados para su pronta ejecución en condiciones básicas de acuerdo y concertación entre los tres niveles de gobierno para que las acciones sean más viables y con resultados sostenibles.

Otro aspecto de interés nacional y de potencial repercusión descentralista es la implementación del Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y su correspondiente sistema nacional, luego de varios años de espera, a pesar de que la nueva ley que ahora pone en marcha este mecanismo es más restrictiva que su predecesora en cuanto a representatividad y descentralización.

En el campo de la transparencia, podemos señalar que han mejorado los espacios (portales) de información de los Gobiernos Regionales, no así de los Municipios, además de diversas normas que se proponen la creación de un sistema de información sobre la gestión pública, la simplificación y transparencia en las contrataciones y adquisiciones del Estado, un portal de información sobre el cumplimiento de compromisos de los partidos políticos, un mecanismo de consulta ciudadana on-line, entre otros. Sin embargo, aún falta mucho por hacer y la Defensoría del Pueblo informa sobre una serie de conflictos que involucran a los Gobiernos Subnacionales que llegan hasta finales del 2008 a un 20% del total (17% a locales y 3% a regionales), mayormente por problemas de corrupción y luego por negativa a la rendición de cuentas, afectando la legitimidad y credibilidad de dichas autoridades

Sobre la situación del asociacionismo subnacional, durante el 2008 ha habido un mejor posicionamiento público de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con importantes canales de comunicación y negociación con el Gobierno Central. Desde los Municipios, han aumentado las mancomunidades facilitado por su reglamentación, aunque falta que se regule temas como la participación de los Gobiernos Locales en proyectos de inversión conjunta y la fusión de municipalidades distritales. Una debilidad existente es la escasa relación y coordinación entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales que potencie el rol de los espacios subnacionales.

En este escenario, diversas instituciones sociales, políticas y académicas a través de una serie de foros han venido promoviendo una discusión nacional para el ordenamiento y concertación de una agenda de prioridades que contribuya a consolidar el proceso descentralista como la reforma de Estado más importante hasta ahora propiciada.


 
     
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