Los
datos oficiales señalan que Colombia ha completado
ya ocho años de crecimiento positivo de acuerdo a
los criterios convencionales de tendencia de mejoramiento
en el empleo, la inversión en capital y la productividad.
Hay un mayor número de ocupados, se ha duplicado
la inversión en capital desde los 90 y hay un promedio
de 2% anual de crecimiento de la economía en términos
de productividad.
En cuanto al presupuesto nacional y su relación
con la descentralización, cabe señalar que
para el 2008 dicho presupuesto fue calculado en 125 billones,
715 millones de pesos (9% más que en el 2007), financiado
por Ingresos Corrientes de la Nación ($ 66.2 billones,
53%), Recursos de Capital ($ 46.4 billones, 37%), Fondos
Especiales ($ 3.9 billones, 3%); y Rentas Parafiscales ($
732 mil millones de pesos, 0.6%). De ese monto total se
destina para funcionamiento $ 65.09 billones (52%), 15 %
más que el 2007, el pago del servicio de la deuda,
$ 39.3 billones (31.3%); y en inversión $ 21.3 billones,
equivalente al 17% del total, cálculo elaborado por
el Departamento Nacional de Planeación y denominado
“presupuesto regionalizado”, distribuido entre
todas las regiones en función de criterios de población,
necesidades básicas insatisfechas (NBI) y resultados
fiscales y administrativos departamentales. Dicho monto
se distribuyó porcentualmente en: 24 % para protección
social, 20 % para defensa y seguridad, 10.9% para transporte,
entre otros rubros. Los gastos en inversión se han
incrementado 26% en relación al 2007.
Una lectura del presupuesto del 2008 muestra que los gastos
de funcionamiento y el servicio de la deuda absorben el
83 %, quedando solo un 17% en recursos para inversión,
considerados insuficientes para encarar los enormes desafíos
del desarrollo de manera descentralizada. Solo el pago del
servicio de la deuda asciende a más del 30% del total
de gastos. En otras palabras, por cada 100 pesos que se
recauden, 31 de ellos sirvieron durante el 2008 para el
pago de la deuda pública externa e interna.
Otra lectura complementaria de sectores políticos
de oposición y analistas de sociedad civil resalta
que la nueva propuesta presidencial avalada por la mayoría
del Congreso triplica los recursos en defensa y seguridad
(de 1.2 billones de pesos en 2007 a 3.6 billones de pesos
en 2008), lo que se combina con una política social
asistencialista y populista (que pasó de 1 billón
427.544 millones de pesos en 2007 a 1 billón 650.868
millones de pesos en 2008), con lo que se pretendería
afianzar el modelo de gestión económica y
política gubernamental actual sustentada en su alianza
con el Gobierno Norteamericano para el combate frontal al
narcotráfico y el terrorismo, en la mayor presencia
del Estado en todo el país y en la búsqueda
de mejoras sociales subsidiadas a los sectores menos favorecidos,
principalmente a los desplazados por la violencia. Cabe
señalar que el conjunto de lo presupuestado para
protección social, superó los 5 billones.
A pesar de no significar recursos suficientes para atender
las demandas prioritarias de la población, los datos
alertaron de un déficit del Gobierno Nacional de
3,3 por ciento del PBI y del incremento en gastos de inversión
financiados con impuestos temporales y endeudamiento, medidas
no sostenibles a mediano plazo.
Un tema que preocupa a diversas instituciones sociales es
el uso del presupuesto del 2008 en el componente social,
para distribuir más de 3.5 billones de pesos mediante
cheques a los llamados consejos comunales, una nueva estructura
de organización social promovida por la Presidencia
de la República y atendidas desde el Ministerio de
la Protección Social. Se cuestionan también
otros gastos sociales supuestamente orientados a las negociaciones
con caudillos políticos regionales y locales así
como para favorecer alianzas con sectores empresariales.
En relación a la calidad de la gestión subnacional
la información oficial señala que según
la evaluación del desempeño fiscal 2007 e
inicios del 2008, han sido 803 municipios mejoraron su calificación
frente a 640 en 2006, permitiendo una orientación
de los recursos al incremento de la inversión social
territorial y gracias al equilibrio fiscal y racionalidad
en las finanzas (Dirección Nacional de Planeación,
DNP). En ese mismo escenario favorable, Las gobiernos subnacionales
aumentaron su recaudación en un $1 billón
de pesos y sus inversiones en 4.9 billones de pesos.
Desde otra lectura de las estadísticas, 1.060 de
1.100 municipios se encuentran entre las categorías
de 4ª a 6ª, es decir de poca población
y muy pocos Ingresos Corrientes de Libre Destinación
(ICLD), en un cuadro de mantención de la gran inequidad
regional que complica la situación de los pequeños
municipios. Es así que Bogotá y unas 40 ciudades
concentran el 82% del recaudo tributario municipal y solo
Bogotá recauda más del 50% del impuesto de
industria y comercio del país, sumado a otros 10
municipios que recaudan el 27% (como Medellín, Cali
y Barranquilla).
Un aspecto importante a mencionar en este año es
la modificación al manejo del Sistema General de
Participación, es decir las transferencias en relación
a los servicios de agua potable y saneamiento básico,
estableciendo criterios de acreditación y de correctivos
en el caso de que los Gobiernos Locales no cumplan con sus
compromisos, trasladando los mismos a los Departamentos.
Si bien es cierto hay que contar siempre con mecanismos
de ajuste en los procesos de transferencias, mas aun si
se trata de temas tan sensibles como el agua potable también
es muy cierto que se deberían abordar como parte
de un proceso más articulado entre los tres niveles
de Gobierno y como parte de un plan sostenido de desarrollo
de capacidades. Pareciera que esto último se intenta
hacer para apoyar a los Municipios que estarían perdiendo
su acreditación, aunque aún quedan las dudas
si se trata simplemente de medidas de corte populista del
Gobierno Nacional.
Esta última apreciación sobre las prácticas
gubernamentales se presenta también en el caso de
la conformación de los Consejos Comunales, como iniciativa
directa de la Presidencia de la República para convocar
a la población en base al ofrecimiento de financiamiento
de nuevas obras, involucrando a las autoridades municipales
y departamentales, aun cuando por el señalamiento
de éstas muchas de esas iniciativas no forman parte
de procesos de planificación local previamente definidos.
Otras iniciativas de participación relacionadas con
las Veedurías, Rendición de Cuentas y consultas
ciudadanas se mantienen vigentes aunque pareciera que el
2008 no ha sido el mejor año para promover más
activamente estos instrumentos para garantizar una mayor
movilización de la población en torno a demandas
descentralistas.
Simultáneamente se han ido diseñando y poniendo
en práctica diversos mecanismos de transparencia
y acceso a la información que si son bien potenciados
pueden formar sustancial del conjunto de otros medios con
que Colombia cuenta para ejercitar el derecho ciudadano
a conocer, opinar y decidir.
Respecto a las acciones de desarrollo de capacidades, es
importante mencionar que se cuenta formalmente con un instrumento
de formación (“Construcción participativa
de lineamientos para redimensionar la política estatal
de formación y capacitación para los empleados
públicos: perspectiva de la educación no formal
e informal”) cuya implementación desde el 2008
en adelante debería contribuir a la generación
de condiciones para consolidar la descentralización
en Colombia. Dependerá en mucho de los diversos actores
subnacionales que ello suceda. Simultáneamente, tanto
la Federación Colombiana de Municipios como desde
los Departamentos y las organizaciones y proyectos de la
sociedad civil se ha continuado con diversas iniciativas
de formación e intercambio, que han ampliado las
alianzas de los Gobiernos Subnacionales como el de educación,
salud, turismo, así como afirmado la preocupación
por incorporar el enfoque de género en un conjunto
de actividades.
Hay que señalar como preocupación que se evidencia
una débil coordinación intergubernamental
entre los tres niveles, a no ser por la iniciativa del Gobierno
Nacional de convocar a las autoridades municipales y departamentales
para los planes que la Presidencia posee, más que
para concertar propuestas articuladas. Los mecanismos de
asociacionismo municipal si bien han estado presentes pareciera
que no han priorizado estos espacios de negociación
y coordinación.
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