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Partimos
de señalar que según datos oficiales, a finales
del 2008, Bolivia habría crecido 6,7% en su Producto
Bruto Interno en los últimos doce meses, la tasa
más alta de los últimos 30 años. Sería
la primera vez que Bolivia supera los 5 puntos porcentuales
de crecimiento, situación extraña en un escenario
tan difícil caracterizado por la polarización
social y política muy extendida y por las renegociaciones
de los beneficios de las grandes empresas internacionales
a favor del Estado que hubiera significado un retraimiento
de capitales. Sin embargo en este mismo escenario ya en
el 2008 se ha empezado a sentir los efectos de la crisis
financiera internacional sobre la producción y los
precios de los minerales, que sirve de sustento a un porcentaje
muy importante de los recursos económicos fiscales.
Se prevé que para el 2009 habrá algunos recortes
en la transferencia a los Gobiernos Subnacionales como parte
de la crisis señalada pudiendo afectar los compromisos
de inversión ya establecidos.
Respecto al proceso de descentralización en Bolivia
debiera ser analizado fundamentalmente en el escenario político
de la reforma constituyente y de las reacciones autonomistas
de diversos departamentos bolivianos de la llamada media
luna, los mismos que se caracterizan por ser de mayor producción
interna y generación de ingresos y rentas, haciendo
más compleja la confrontación política.
En ese marco hay diversos hitos como:
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La aprobación por mayoría en la Asamblea Constituyente
de la nueva propuesta de Constitución Política
del Estado, el pasado 09 de diciembre del 2008 en la ciudad
de Oruro.
- Los referéndum autonomistas del 2 de julio que pusieron
en consulta y aprobaron las propuestas de Estatutos Autonómicos
de cívicos y prefectos de los departamentos de Santa
Cruz, Tarija, Beni y Pando.
- El referéndum revocatorio del gobierno central y
de los gobiernos subnacionales, convocado por el Gobierno
Central, realizado el 10 de agosto del 2008.
- La negociación política para consensuar los
principales aspectos contenidos en el documento de la nueva
Carta Magna.
- La discusión de un nuevo Pacto Social que convoque
y comprometa a los diversos niveles de gobierno.
- La convocatoria a referéndum para aprobar la nueva
Constitución Política en base a los consensos
negociados, para el 25 de enero del 2009 y, de ser así,
la convocatoria a elecciones presidenciales y de Asamblea
Legislativa Plurinacional para el 6 de diciembre del 2009.
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Todos
estos hechos le han dado al tema de la descentralización
un cariz mayormente político, entrampado entre opciones
divergentes sobre la gobernabilidad, el manejo fiscal y el
estilo de crecimiento que le correspondería a Bolivia,
situación que ha generado una relativa confusión
respecto a las reales intenciones descentralistas ya sean
provenientes del Gobierno Nacional como de los Prefectos y
Alcaldes en los ámbitos subnacionales y que simbolizan
las salidas autonomistas y de recuperación de derechos
y competencias en el manejo de los beneficios tributarios
generados por la extracción de recursos naturales no
renovables (principalmente Santa Cruz y luego Tarija, Beni
y Pando).
Cabe señalar como un indicador político -que
interesa al proceso de descentralización- que en el
referendo revocatorio a las autoridades nacionales, las estadísticas
mostraron un 67.41 % a favor de la ratificación y un
32.59% en contra. Estos resultados evidencian un triunfo para
la gestión gubernamental nacional, aunque a la vez
muestra una realidad tomada en cuenta en los posteriores esfuerzos
de negociación. Y es que la minoría porcentual
de oposición se concentra en 4 departamentos con mayores
recursos fiscales y los poderes económicos más
significativos.
Estas negociaciones se han dado entre las principales fuerzas
políticas y representantes de las prefecturas departamentales
y continúan para arribar a pactos que faciliten la
aprobación más consensuada de la nueva Carta
Magna en el referéndum para el 25 de enero del 2009.
De aprobarse la Carta Magna Bolivia tendría dos tipos
de administración descentralizada, cuatro Gobiernos
Departamentales Autónomos y cinco Prefecturas Departamentales
En cuanto a la transferencia fiscal, según la información
del Gobierno Nacional, el año 2008 se ha entregado
más recursos a los municipios, prefecturas y universidades
que lo realizado en los doce años anteriores, a partir
de las diversas fuentes utilizadas, mayormente del Tesoro
General de la Nación (TGN); del Bono Juancito Pinto;
y de la Renta Dignidad.
A pesar de las dificultades mencionadas, se han dado acciones
importantes en relación al desarrollo de capacidades,
tales como el compromiso de cumplir con la Ley que establece
la constitución de la Escuela de Gobierno (con la creación
de un Centro de Capacitación Municipal), una mayor
capacitación de las autoridades mujeres, la incorporación
de temas de gestión ambiental y la ampliación
de instrumentos de capacitación (como el medio on line),
entre otros.
Durante el 2008 la participación ciudadana en los procesos
de descentralización se ha ejercido mediante los instrumentos
de vigilancia y rendición de cuentas ya existentes,
que ha generado la inmovilización de cuentas a 53 municipios
por diversos problemas de gobernabilidad. Además de
ello, la participación social se ha manifestado en
diversos procesos plebiscitarios y en una serie de acciones,
no siempre pacíficas, en el marco de la elaboración
de la nueva Carta Magna y de las pugnas autonomistas y de
juego de poderes entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos
Subnacionales.
El asociacionismo municipal se ha fortalecido en ese mismo
escenario político, asumiendo roles importantes en
los mecanismos diversos de negociación con el Gobierno
Nacional y con las Prefecturas, principalmente en torno ha
llamado pacto fiscal. Las mancomunidades, por su lado, realizaron
su VI Encuentro Nacional priorizando la discusión de
sus roles en la nueva Constitución Política,
en particular las implicancias de la transformación
de las mancomunidades en Regiones (estructura de Asamblea
Regional electa).
La discusión sobre los mecanismos de transparencia
en el manejo de los recursos fiscales ha sido lo más
sensible en el año 2008, buscándose compromisos
para formular las bases de un pacto en este sentido (en particular
sobre el uso de recursos provenientes de los hidrocarburos).
También se aprobaron mecanismos de control social y
transparencia para el referéndum revocatorio de Presidente
y Prefectos. En cuanto a la transparencia en el manejo del
nuevo referendo sobre la aprobación de la Carta Magna,
debiera tener menos preocupaciones si se considera que está
en debate un pacto político asumido por las principales
fuerzas y representaciones.
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