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Le
invitamos a conocer el estado del proceso de descentralización
en PERU. Presione, a la izquierda,
sobre el indicador que le interese leer.
Contexto nacional
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A
partir del 2002, el Perú ha iniciado un nuevo intento
de descentralización, convirtiéndose en el
octavo que se realiza en su historia republicana. En este
nuevo contexto fueron elegidos los gobiernos regionales,
correspondientes a los 25 departamentos políticos
administrativos y a la Provincia Constitucional del Callao,
a los que se les viene transfiriendo gradualmente competencias
y funciones
legalmente establecidas.
La descentralización iniciada tuvo una paralización
como consecuencia de los intentos de regionalización
realizada mediante el Referéndum del año
2005, donde la población rechazó la integración
de departamentos en 5 nuevas regiones; sin embargo, el
proceso se relanzó con las medidas dictadas por
el nuevo gobierno que se instaló el 28 de julio
de 2006.
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La
administración política del territorio
nacional peruano está dividida en tres niveles
de gobierno: un gobierno central, 25 gobiernos regionales,
195 municipalidades provinciales y 1,636 municipalidades
distritales. Recientemente, en el año 2007,
fue aprobada la Ley sobre Mancomunidades Municipales
que forma la base para entidades locales de cooperación
voluntaria intermunicipal. |
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Actualmente,
los retos de la descentralización se basan en redefinir
estratégicamente su conducción; para lo cual,
se ha implementado la Secretaría de Descentralización,
dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros,
desactivando así el Consejo Nacional de Descentralización,
que venía conduciendo el proceso hasta entonces.
Sin embargo, debe relevarse el derecho de los gobiernos
regionales y locales a participar en la adopción
de decisiones relacionadas con la conducción del
proceso. Al lado de la Asamblea de Gobiernos Regionales,
los gobiernos locales deben dotarse de un espacio específico
y crear los mecanismos
de coordinación o puentes de participación
y negociación necesarios.
El desafío es articular la conducción del
proceso de descentralización con la necesidad de
introducir ajustes en el modelo económico
vigente, que sigue caracterizándose por generar
crecimiento sin redistribuir la riqueza, acentuando los
efectos excluyentes de esta política de Estado.
Hay que tener en cuenta que los beneficios de la descentralización
serán mayores si se tiene claridad y coherencia
sobre los objetivos de desarrollo humano.
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