PERU

Le invitamos a conocer el estado del proceso de descentralización en PERÚ. Presione, a la izquierda, sobre el indicador que le interese leer.

Contexto nacional

La administración política del territorio nacional peruano está dividida en tres niveles de gobierno: un gobierno central, 25 gobiernos regionales, 195 municipalidades provinciales y 1,636 municipalidades distritales. Recientemente, en el año 2007, fue aprobada la Ley sobre Mancomunidades Municipales que forma la base para entidades locales de cooperación voluntaria intermunicipal..

A partir del 2002, el Perú ha iniciado un nuevo intento de descentralización, convirtiéndose en el octavo que se realiza en su historia republicana. En este nuevo contexto fueron elegidos los gobiernos regionales, correspondientes a los 25 departamentos políticos administrativos y a la Provincia Constitucional del Callao, a los que se les viene transfiriendo gradualmente competencias y funciones
legalmente establecidas.

La descentralización iniciada tuvo una paralización como consecuencia de los intentos de regionalización realizada mediante el Referéndum del año 2005, donde la población rechazó la integración de departamentos en 5 nuevas regiones; sin embargo, el proceso se relanzó con las medidas dictadas por el nuevo gobierno que se instaló el 28 de julio de 2006.

Actualmente, los retos de la descentralización se basan en redefinir estratégicamente su conducción; para lo cual, se ha implementado la Secretaría de Descentralización, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros, desactivando así el Consejo Nacional de Descentralización, que venía conduciendo el proceso hasta entonces. Sin embargo, debe relevarse el derecho de los gobiernos regionales y locales a participar en la adopción de decisiones relacionadas con la conducción del proceso. Al lado de la Asamblea de Gobiernos Regionales, los gobiernos locales deben dotarse de un espacio específico y crear los mecanismos
de coordinación o puentes de participación y negociación necesarios.

El desafío es articular la conducción del proceso de descentralización con la necesidad de introducir ajustes en el modelo económico
vigente, que sigue caracterizándose por generar crecimiento sin redistribuir la riqueza, acentuando los efectos excluyentes de esta política de Estado. Hay que tener en cuenta que los beneficios de la descentralización serán mayores si se tiene claridad y coherencia sobre los objetivos de desarrollo humano.