Al presente, la descentralización municipal está consolidada y el régimen municipal goza de una alta legitimidad social debido a su cercanía hacia los ciudadanos y por el modelo de gestión municipal participativa y fuerte control social. Esta postura ha servido para cumplir -salvo excepciones muy contadas- con la atención de las principales demandas de bienes y servicios públicos de competencia municipal, las cuales dependen también de los presupuestos provenientes básicamente de las transferencias del nivel nacional.

Diversas evaluaciones al trabajo de los órganos públicos, basadas en percepciones de la ciudadanía, han demostrado que la población del país tiene una alta confianza en los gobiernos municipales, manteniéndose una percepción estable e incluso algo creciente desde los primeros de la participación popular.

Sin embargo, en el desarrollo del presente trabajo se pudo evidenciar también que existen diversos temas pendientes, problemáticas sensibles que van contra el pleno desempeño de una autonomía municipal que permita desarrollar gestión municipal óptima en la provisión de bienes y servicios públicos a las poblaciones municipales. Algunas de estas temáticas, muy variadas por cierto, son:

• La necesidad de avanzar a una autonomía municipal plena, que promueva un mejor desempeño de la gestión municipal.
• Readecuación de la normativa municipal, que implique una revisión y reasignación de las competencias, mediante una redistribución racional y concertada con los otros niveles gubernamentales, así como también un ordenamiento de la normativa municipal dispersa (construcción de un verdadero sistema legislativo municipal).
• Fortalecer los concejos municipales para la fiscalización, vía desmonopolización de la elección del alcalde y concejales, y elección directa para alcaldes.
• Encarar un proceso coherente de ordenamiento de las unidades político administrativas frente a la indefinición de límites de provincias, secciones y cantones y además la armonización municipal de los Territorios Comunitarios de Origen (TCO) de diversos pueblos indígenas. Asimismo, avanzar en el ordenamiento territorial.
• Detener la incesante escisión de territorios municipales creando municipios sin capacidad de sostenibilidad e impulsar el fortalecimiento de mancomunidades, como instrumentos efectivos para la integración de municipios para el aprovechamiento de potencialidades y la solución de problemáticas compartidas.
• Débil responsabilidad fiscal municipal. Se debe avanzar hacia la generación de ingresos fiscales en los mismos municipios y deben aprobarse mecanismos para definir las reglas del endeudamiento municipal.
• Simplificación de los sistemas SAFCO, de sus procedimientos e instrumentos de implementación y su adecuación al plano municipal.
• Ajuste y articulación de las normas del SISPLAN y otros instrumentos normativos metodológicos; generación de capacidades institucionales para implantar los procesos de planificación del desarrollo institucional puesto que representan la base para el funcionamiento descentralizado del modelo de gestión propuesto en la ley SAFCO.
• Superar la formalidad e inefectividad actual de la planificación municipal de mediano y largo plazo y articularla efectivamente con los otros niveles de la gestión pública para armonizar procesos de desarrollo nacional.
• Fortalecer más la inversión pública municipal de apoyo a la producción y de promoción económica (desarrollo económico local) e incorporar a los actores económicos de los municipios a una gestión de responsabilidad compartida, mediante procesos de concertación y planificación participativa.
• Transformar el control social hacia procesos de participación social y responsabilidad compartida con la gestión del desarrollo local.

Sin embargo, esta agenda, susceptible de ser ajustada y complementada, debe ser considerada en un contexto de cambios en la estructura del Estado boliviano, debido a que el país ingresó, desde la gestión 2005, a una segunda fase de su proceso de descentralización, con la irrupción de la descentralización del nivel departamental.

Como parte del arreglo político que posibilitó superar la crisis social y de ingobernabilidad nacional que Bolivia vivió en los primeros años del presente siglo, se concertó en el 2005, entre los actores políticos y regionales de Bolivia, la irrupción de un Estado compuesto, lo cual implicó un régimen de autonomías para los niveles departamental y municipal.

Bolivia ha convocado en julio del 2006 e instalado el 6 de agosto siguiente una Asamblea Constituyente, en cuya agenda se encuentra la definición del nuevo modo del Estado y lo que implica el tipo de descentralización de los niveles subnacionales de gobierno.

Pero, este proceso vive la particularidad de una inversión del camino a recorrer, debido a la anticipada elección de prefectos departamentales en diciembre de 2005, sin haber definido los arreglos institucionales (reasignación de competencias, rendición de cuentas, coordinación intergubernamental, entre otros); por lo que la descentralización departamental de facto que se vive en el presente se muestra desigual en el ámbito fiscal (transferencias de recursos públicos a las regiones), dado que la actual salida irregular fue provocada por presiones de las regiones hidrocarburíferas y sus intereses de control de los recursos naturales para mantener el mayor beneficio de la renta proveniente por la venta del gas natural.

El reto que se ha propuesto el municipalismo en este escenario es lograr la profundización de la descentralización municipal, por ser este nivel el más eficiente proveedor de bienes y servicios públicos -comprobado en 13 años de participación popular- por su mayor cercanía a la población y al modelo de gestión participativa. Las instituciones del municipalismo están construyendo propuestas para la Asamblea Constituyente, que plantean la irrupción de un modo de Estado compuesto que comprenda una igual jerarquía de autonomía en el ámbito nacional, departamental y municipal.