El modelo de participación ciudadana en la gestión municipal es la más formalizada, respecto a otras experiencias de procesos de descentralización y participación. Además, cuenta con una profusa y desordenada normativa nacional, que trata, en sus rígidos informes para todos los municipios del país, sobre formas de organización, representación, procedimientos de vigilancia social, financiamiento y rendición de cuentas, etc. Estos muy difícilmente se cumplen en la realidad. Un total de 16 normas nacionales sobre la materia dictadas desde 1994 hasta 2007 presentan, de manera plena o parcial, la participación y control ciudadano a la gestión pública. Entre ellas, cinco leyes nacionales, 10 decretos supremos y una resolución suprema.

Según la normativa, la participación de la sociedad civil en la gestión municipal se realiza por las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) que son las juntas de vecinos, comunidades campesinas y pueblos indígenas. Estas se organizan en Comités de Vigilancia (CV). La participación social se realiza en todo el ciclo de la gestión municipal, desde la planificación a mediano plazo y la programación anual de las inversiones, pasando por el seguimiento a la ejecución y la evaluación de los resultados de gestión. La presentación de las programaciones, como los informes de ejecución de los gobiernos municipales, deben llevar las firmas de aceptación de los CV para que tengan validez ante los organismos de seguimiento y control estatal.

Sin embargo, esta participación mediante organizaciones sociales predeterminadas por la normativa, impide que los ciudadanos individualmente o agrupados voluntariamente en otras formas de organización, puedan ejercer sus derechos en las instancias de control social. Intentando minimizar esta debilidad, el año 2001 se complementó la preceptiva para que los grupos sociales productivos de servicios y profesionales puedan también incidir en la gestión municipal, mediante instancias denominadas CODEPES. Sin embargo, estas disposiciones no llegaron a materializarse por la oposición decidida de los CV, el desinterés de los gobiernos municipales y, por consiguiente, la falta de incentivos para estos grupos sociales que podrían ayudar a fortalecer un enfoque de promoción del desarrollo productivo en los municipios. Es bueno aclarar que los CV reciben financiamiento estatal para cubrir sus gastos, excepto el pago de los honorarios.

Frente a esta situación, algunos programas de promoción del desarrollo económico local fomentan la constitución de instancias de coordinación de agendas compartidas de promoción del desarrollo entre autoridades municipales y actores económicos, mientras que en los municipios de categoría D, otras instituciones de actores profesionales, económicos y sectoriales han hallado la forma de relacionarse y coordinar por su cuenta con el gobierno municipal, independientemente de los CV.

Un caso particular ocurre en el municipio de La Paz, cuyo gobierno municipal aprobó una norma municipal de participación ciudadana que abre la posibilidad para que todos los diversos actores sociales, mediante procedimientos inclusivos, puedan influir en la gestión municipal de manera efectiva.