La capacitación ha sido, desde 1994, uno de los instrumentos más profusamente utilizados por las instituciones públicas, privadas y de la cooperación internacional para contribuir a fortalecer la gestión de las autoridades municipales y las capacidades de desempeño técnico de los equipos profesionales y técnicos de los gobiernos municipales, así como también consolidar las aptitudes de los dirigentes de organizaciones sociales para que éstos puedan acompañar la gestión municipal con acciones de participación y control social.

Sin embargo, estas acciones de capacitación utilizadas de manera extensiva, e incluso en exceso, nunca fueron orientadas por alguna política pública de fortalecimiento municipal, ni fueron reguladas su forma de implementación y contenidos. Debido a ello, estas prácticas estuvieron generalmente libradas a los criterios propios de instituciones públicas, privadas, sociales y de cooperación ejecutoras.

Con todo, en el joven proceso de descentralización municipal, la capacitación contribuyó en buena medida a generar una masa crítica de profesionales y técnicos con destrezas básicas para desempeñar las diversas actividades de lo que significa la gestión pública en el nivel municipal. También contribuyó a su modo a que las autoridades municipales -sobre todo de los municipios predominantemente rurales del país- se encuentren básicamente informadas de sus responsabilidades y de las atribuciones que les corresponden.

Desde el inicio de la descentralización municipal, los temas privilegiados de la capacitación fueron los correspondientes a los sistemas de administración y control gubernamental y la implementación de instrumentos de gestión y administrativo financieros, más que los de construcción de capacidades integrales de gestión pública de las nuevas autoridades y técnicos. El público meta lo constituyeron los niveles técnicos de los municipios y en segundo plano las autoridades municipales, dejando relegados al resto de actores de la gestión municipal participativa.

En este contexto, se identificaron diversas problemáticas de la capacitación municipal, que requieren ser atendidas:

• Ausencia de una política nacional de fortalecimiento municipal, que oriente sobre los procesos de capacitación municipal. En consecuencia, falta de una estructura institucional que regule esta forma de afianzamiento institucional.
• Servicios de capacitación municipal basados en una oferta institucional que considera a los públicos meta de estos procesos como sujetos pasivos. Esta actitud se consolida con el uso de metodologías conductistas y formas de capacitación con contenido uniforme y descontextualizado.
• Desarrollo de contenidos teóricos e insumos muy homogéneos, que no perciben la situación específica de cada municipio y no toman en cuenta las marcadas diferencias entre ellos.
• Desorden en las intervenciones de capacitación municipal, con sobre posición de ofertas de capacitación en coberturas restringidas (descuidando enormes regiones inaccesibles del país) y generalmente con contenidos contradictorios en temáticas similares, lo cual satura y confunde a los participantes.
• Predominio de talleritis, como eventos cortos y sueltos, saturación de eventos en la región.
• Acciones de capacitación concentradas en los centros urbanos de las capitales de departamento, donde deben acudir los potenciales participantes de los municipios del interior.
• La evaluación de los cursos de capacitación es bastante subjetiva y no existe seguimiento post capacitación.
• No existe un centro especializado de formación y capacitación permanente que atienda a futuros profesionales, profesionales activos, autoridades y representantes de la sociedad civil.

Frente a este panorama, los mismos actores municipales mediante sus organizaciones asociativas (FAM Bolivia y asociaciones departamentales) y oferentes de la capacitación (CENCAP, universidades, ONGs), con apoyo de programas de cooperación (InWEnt, AECI, etc.) están promoviendo procesos de definición de bases de políticas públicas de ordenamiento de la capacitación municipal. Asimismo, el CENCAP, que tiene el mandato de capacitar a los servidores públicos en los temas de administración y control estatal, ha constituido una red interinstitucional de intervención que toma en cuenta a los principales oferentes de la capacitación municipal del país. Por su parte, el sistema asociativo municipal ha gestionado una Ley de la República para construir una Escuela Nacional de Gobierno, para la formación y capacitación de servidores públicos municipales, cuya concreción está pendiente.