Dificultades y propuestas de solución

Desde la promulgación de la Ley de Participación Popular, lo cual implicó el reconocimiento del gobierno municipal como una unidad de gestión fundamental del desarrollo sostenible, Bolivia experimentó un proceso de crecimiento significativo en la gestión municipal, pero este proceso ha estado lleno de dificultades, a las que gradualmente se van planteando propuestas de solución.

A continuación se presenta un resumen de las principales dificultades de la gestión municipal y las propuestas para enfrentar estos problemas identificados y agrupados por áreas:

Areas Dificultades de la gestión municipal Propuestas para enfrentar los problemas identificados
Temas estructurales
  • Falta de ciudadanía y bajo nivel de cultura política democrática.
  • Bajo nivel de formación de recursos humanos.
  • Falta de institucionalidad.
  • Falta de voluntad política en niveles de decisión.
  • Deficientes condiciones de infraestructura básica.
  • Exceso de normatividad.
  • Se requieren procesos de intervención de largo plazo, ya que se trata de enfrentar problemas estructurales. Los problemas de baja ciudadanía y ausencia de cultura política no se resuelven con talleres de capacitación, sino con procesos de sensibilización y auto aprendizajes que posibiliten cambios de conducta.
  • Al ciudadano no le interesan los temas de gestión, lo que exige es la provisión de bienes y servicios demandados, además de la calidad de éstos.
  • Se debe trabajar en el desarrollo de valores de los actores y no solo habilidades y destrezas.
  • Promover el intercambio de experiencias exitosas.
Normativa municipal
  • El proceso legislativo municipal tuvo una expansión significativa desde el inicio de la participación popular, hasta establecer 25 normas directas y 65 normas conexas que representan 328 artículos conexos, lo cual implica un amplio bagaje de normas que regulan la vida de los gobiernos municipales.
  • Del examen de las leyes directas y conexas se identificaron 577 competencias municipales, 362 que nacen de normas directas y 215 de normas conexas.
  • Además, la dispersión normativa, lo que pone en riesgo la construcción de un verdadero sistema legislativo municipal.
  • Ausencia de un monitoreo de la legislación municipal que permita identificar vacíos jurídicos y definir la modificación de normas.
  • Muchas normas que se emiten solo sirven para resolver coyunturas, otras llegan al extremo que nunca entran en práctica, ya que son inviables.
  • Establecer una política normativa que filtre el universo caótico de normas y que pueda integrar un código municipal que facilite y genere una visión legal municipal integrada.
  • Estructurar las normas municipales diferenciadas que permitan atender distintas peculiaridades y categorías de distintas realidades sin perder de vista la existencia de normas generales.
  • El proceso legislativo municipal debe nacer como producto de un diálogo intergubernamental entre los poderes que proponen las normas y los gobiernos municipales, para que el nacimiento de nuevas responsabilidades o facultades se opere de un análisis profundo y no de determinaciones unilaterales de uno de los poderes del Estado.
Gestión administrativa
  • Deficiente aplicación de instrumentos técnicos, como el presupuesto por programas y la contabilidad integrada.
  • Mal manejo de los recursos públicos de carácter formal: el uso de chequeras en cuentas corrientes fiscales, con registros contables, rendiciones de cuentas, etc.
  • Poco dominio de la aplicación y respeto a la normativa de la administración de bienes y servicios (compras, contrataciones, manejo y disposición de bienes).
  • Creación de una cultura burocrática basada en normas, jerarquías, formalización de procesos y documentos, división y especialización del trabajo, comunicación escrita.
  • Simplificar procedimientos e instrumentos de gestión administrativa financiera, además de diferenciarlas para las distintas categorías de municipios.
  • Municipalizar sistemas administrativos financieros que siguen uniformes para todas las entidades públicas.
  • Desarrollar procesos de formación y capacitación de servidores públicos con metodologías que privilegien el aprendizaje por la práctica.
Aspectos políticos, voto de censura y goberna-bilidad
  • El voto constructivo de censura le ha quitado gobernabilidad a las gestiones municipales que han sido afectadas por la inestabilidad.
  • En algunos casos, el voto constructivo de censura fue utilizado antes de llegar al año de gestión, lo que no se enmarca en la norma, pero que muchas veces resolvió algún conflicto municipal. El problema es que retrasa el desarrollo del municipio.
  • La aplicación del voto constructivo de censura se dio tanto por la pérdida de confianza en el alcalde por el concejo municipal (mala gestión administrativa, corrupción o intereses personales), como por pugnas de intereses político partidarios entre concejales.
  • Se plantean dos alternativas de cambio: la legalidad de la destitución del alcalde por calificación de sus acciones y la revocatoria de mandato vía referéndum municipal.
  • Los municipios necesitan instrumentos de remoción de alcaldes, no burocráticos ni que permitan la manipulación política partidaria.
  • Otra alternativa es la participación del Comité de Vigilancia en el proceso del voto constructivo de censura, como veedor del proceso y representante de la sociedad civil. Existen experiencias en municipios como Machacamarca, Cotoca y Villazón, en los que la opinión de la sociedad civil fue importante a favor o en contra del alcalde.
Control social
  • Los Comités de Vigilancia aún dependen del Estado o de programas de cooperación internacional, en lugar de actuar por voluntad y cumpliendo su labor designada por la sociedad.
  • Existe la necesidad de redefinir el concepto de la llamada participación y control social, para que exista una claridad en los actores y operadores; más allá de la diversidad de enfoques, dando énfasis a los objetivos, alcances y prácticas.
  • Excesiva y desordenada normativa que no solo provoca confusiones entre los actores del control social, sino que inhibe a una mejor práctica del mismo y mayor incorporación social.
  • Baja representatividad y legitimidad de los Comités de Vigilancia en varios municipios.
  • Ajustes al modelo institucionalizado de demanda y control social, fortaleciendo más al comité de vigilancia, como también buscando su legitimidad ante sus mandantes. Implica el ajuste y ordenamiento de la normativa sobre la materia.
  • Incorporación de indicadores de cumplimiento. El Fondo de Control Social tendría una nueva fórmula de asignación, por equidad, programación, y eficiencia. Además, su administración es independiente de los gobiernos municipales.
  • Cambio del modelo institucionalizado de demanda y control social, por reales procesos de participación mediante una modalidad mixta. Es una propuesta intermedia entre las dos primeras, con el objetivo de recuperar los objetivos iniciales de la participación popular: Provocar mayor apertura del sistema político y la inclusión social haciendo que los ciudadanos, mediante sus organizaciones, participen en espacios de administración del Estado dando un mayor impulso a la democracia.
Propuestas Funcionales
  • Insuficiencias básicas entre servidores públicos, desconocimiento de temas básicos como la elaboración de POAs, rendiciones de cuentas, auditorias, licitaciones, compras, etc.
  • Una deficiencia muy marcada se refiere a los valores y actitudes de liderazgo, que en realidad son principios generados desde la escuela.
  • Formación intensiva de los servidores públicos.
  • Generar incentivos para mejor desempeño de los servidores y que la ciudadanía se involucre en la gestión municipal.
  • En los procesos de formación establecer parámetros de tiempo, metas, identificación de actores o a quienes queremos llegar, empatía, consensos de partes, entre otros.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en talleres realizados sobre capacitación municipal y entrevistas a actores relevantes.

 El resumen presentado constituye solo una muestra de la diversidad de problemáticas de la gestión municipal, la cual debe ser enfrentada en distintos niveles y áreas, redimensionando su cualidad gubernativa y de autonomía plena, redefiniendo los fines y ajuste de competencias y estableciendo cambios en la normativa, que incluso están interrelacionadas en lo departamental y nacional. Además, se deben instituir cambios en los procedimientos e instrumentos de gestión y en los procesos de interrelación de la sociedad civil.

Asimismo, es necesario encarar los problemas estructurales que tienen que ver con los valores de los actores relevantes de una sociedad que no logró adquirir una política democrática, de participación y corresponsabilidad. Este proceder exige de intervenciones integrales y de largo plazo de parte del Estado y la sociedad.